En una reciente medida para enfrentar el impacto del avance del mar, el Gobierno español ha anunciado la posibilidad de expropiar propiedades en la primera línea de playa, incluyendo apartamentos, hoteles y chiringuitos. Esta acción se llevará a cabo a cambio de ceder el uso de estas propiedades a los propietarios durante un período de 30 años, y en ciertos casos, podría extenderse por otros 30 años más, sujeto a prórrogas. Además, se limitará la concesión de actividades cerca de la costa a un máximo de 75 años.
El Ministerio para la Transición Ecológica está avanzando en la modificación del Reglamento General de Costas para abordar el impacto del avance del mar, especialmente tras una parte del texto que fue rechazada por el Tribunal Supremo en enero debido a un defecto en su tramitación. Se espera que esta modificación siga la misma dirección que la última reforma de 2022, permitiendo al Estado expropiar inmuebles y terrenos en áreas donde el mar está ganando terreno sobre la tierra.
La explicación es que si el nivel del mar avanza y hay riesgo de que esto afecte a una propiedad, el suelo en el que se encuentra el inmueble podría pasar a ser considerado dominio público, incluso si el propietario posee sentencias que lo reconozcan como dueño. Una vez que termine el período de cesión, el Estado tendrá la libertad de decidir qué hacer con la propiedad, incluso demolerla.
Este proceso plantea diversas implicaciones para los propietarios, ya que al perder la propiedad, la Administración tendrá autoridad sobre cualquier cambio o modificación en la misma. Los propietarios necesitarán obtener permiso para transferir la concesión, hipotecar la vivienda o realizar reformas, ya que la propiedad ya no estará en sus manos.
Además, el nuevo Reglamento busca establecer criterios unificados sobre las actividades permitidas cerca de la playa, con el objetivo de evitar la acumulación de personas. Actualmente, los ordenamientos urbanísticos de cada municipio determinan las actividades y construcciones permitidas, pero el nuevo texto buscará establecer un acuerdo mínimo para homogeneizar las normas y mejorar la protección de las costas.
Esta medida también afectará a los paseos marítimos, ya que si el nivel del mar sube, el Estado podrá cambiar los límites de la zona marítimo-terrestre, convirtiendo parte de los paseos marítimos en dominio público en lugar de suelo municipal.
En conclusión, la posibilidad de expropiación de propiedades en la primera línea de playa plantea importantes desafíos y cambios para los propietarios, quienes deberán adaptarse a las nuevas regulaciones y obtener permisos para cualquier acción relacionada con sus propiedades costeras.
Por ahora, estemos atentos a cómo avanza este proyecto de ley, desde Living Sitges os seguiremos informando.
Articulo de Living Sitges Inmobiliaria